Eduardo Belliboni fue procesado por administración fraudulenta de fondos destinados al Plan Potencia Trabajo, delito que prevé una pena de entre 2 y 6 años de cárcel.
El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue procesado este lunes por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La acusación llega después de que el fiscal Gerardo Pollicita imputara a Emilio Persico, también referente piquetero y ex funcionario de Desarrollo Social, por haber sido parte de una «maquinaria de corrupción» Además, lo embargaron por 390 millones de pesos.
El dirigente de izquierda está acusado de desviar fondos millonarios recibidos del Plan Potenciar Trabajo. En ese sentido, el juez remarcó que hay pruebas suficientes como la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma. El fallo, al que accedió Clarín, incluye también el procesamiento de otras 17 personas.
Convencido de estar ante una maniobra aún más grande, Casanello no sólo atribuyó responsabilidad penal a Belliboni, sino que también acusó a los piqueteros Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En el mismo grado de responsabilidad, sumando las amenazas coactivas, se procesó a María Isolda Dotti y Gianna Puppo.
La causa tiene también a quienes el juez encontró responsables del delito de amenazas en carácter de autoras: Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia. La lista de procesados se completa con: Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas. Son todos integrantes de organizaciones sociales.
En esta etapa de la investigación, se comprobó una maniobra defraudatoria a través del desvío de fondos públicos que, tras la firma de diversos convenios, el Estado nacional remitió a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.
Los convenios celebrados con el extinto ministerio de Desarrollo Social, estaban destinados a garantizar el dinero correspondiente al Programa Potenciar Trabajo en favor de los beneficiarios finales.
Esos documentos colocaban a las organizaciones sociales como intermediarias y en el juzgado estiman que manejaron fondos millonarios “de forma infiel”.
Al analizar la estructura que se puso en funcionamiento para concretar la maniobra defraudatoria, que incluyó sumas millonarias provenientes del Estado, Casanello dijo que «el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)».
