El oficialismo libertario anunció que pedirá el juicio político de la jueza Marta Elba Pascual, quien frenó durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La Libertad Avanza bonaerense decidió avanzar contra la jueza Marta Elba Pascual después de que la magistrada suspendiera por 60 días la aplicación de la ley que establece un nuevo régimen penal para adolescentes y reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad.
El pedido de juicio político será impulsado por Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y uno de los principales dirigentes del espacio en el distrito. Junto a un equipo técnico y político, trabaja en la presentación que buscará avanzar con la destitución de la jueza.
Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, frenó este lunes la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.
La magistrada sostuvo que la provincia no cuenta con la infraestructura ni con los recursos institucionales y profesionales necesarios para aplicar el nuevo régimen respetando los estándares de derechos humanos de niños y adolescentes.
Pareja rechazó esa explicación y cuestionó duramente el fallo.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, afirmó. Además, sostuvo que la magistrada intenta frenar “una ley votada democráticamente por el Congreso”.
El dirigente libertario también relacionó la decisión judicial con la situación de seguridad en la provincia y aseguró que, a su entender, el actual modelo permitió que los delincuentes permanezcan en libertad.
El reclamo de La Libertad Avanza
El pedido de juicio político no será la única presentación contra Pascual. La asociación civil Usina de Justicia también denunció a la magistrada por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
Carlos Curestis, presidente del bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza, también cuestionó la resolución. Según sostuvo, el fallo implica “seguir garantizando la impunidad de los delincuentes”.
Qué decidió la jueza
La suspensión fue dictada luego de que la jueza hiciera lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por el sacerdote Pepe Di Paola.
Pascual ordenó frenar durante 60 días la aplicación del nuevo régimen en la provincia. El objetivo es que el Gobierno bonaerense informe qué medidas tomó para adaptar los centros de detención a las nuevas exigencias.
Para eso, la jueza convocó a una audiencia para el 16 de septiembre. En esa instancia, el Poder Ejecutivo provincial deberá presentar información sobre las condiciones edilicias, institucionales y profesionales disponibles.
La decisión abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y la Justicia bonaerense en torno a la aplicación del nuevo régimen penal para menores.
