La semana pasada, el Poder Ejecutivo comunicó que no dará nuevos aumentos de sueldos a estatales mientras duren las restricciones fiscales.
El sobredimensionamiento del Estado provincial en materia de personal consume una porción monumental de la torta presupuestaria chaqueña.
El anuncio del gobierno provincial de que no dará nuevos aumentos salariales a los empleados públicos hasta nuevo aviso fue la noticia más destacada a nivel local durante la semana pasada, por todo lo que implica en términos políticos y porque de inmediato comenzó a generar reacciones sindicales, al punto de que los sindicatos docentes ya anunciaron un paro. Pero ¿cuáles son las razones que forzaron a la administración de Leandro Zdero a tomar esa determinación?
Obviamente se trata de una cuestión de números que no cierran. NORTE buscó datos al respecto y los obtenidos retratan un panorama complejo, a tono con lo que viven muchas provincias que, como el Chaco, tienen una gran dependencia de los recursos de origen federal, principalmente coparticipación. Un ítem que viene retrocediendo en términos reales y puso a las gobernaciones frente a la necesidad de contener o directamente recortar gastos.
TESORO FLACO
El Estado chaqueño tuvo en julio un ingreso por coparticipación de 178.343 millones de pesos, de los cuales deben descontarse unos 28.000 millones que se sub-distribuyen a los municipios. Es decir, el mes pasado quedaron disponibles para la administración provincial recursos que, redondeando cifras, rondan los 150.000 millones. ¿De cuánto es la masa salarial total del sector público? Nada menos que 191.989 millones (64,1 mil millones de jubilaciones; 101,9 mil millones de sueldos de personal activo; 25,8 mil millones de aportes y contribuciones).
Es decir que en julio el total de ingresos por coparticipación, la fuente de recursos más importante del Chaco, quedó casi 42.000 millones por debajo de la masa necesaria para abonar sueldos. Y si a eso se suma el déficit de la caja previsional del Insssep (otros 26.000 millones mensuales), el rojo se convierte en un agujero de 68.000 millones, siempre en relación con el total de los recursos coparticipados.
Es verdad que el Tesoro tiene otros ingresos, pero la coparticipación es el más importante de todos, y representa un 70 y un 80% del total de recursos. Con el margen restante (la recaudación provincial propia es el 15% de los ingresos) el gobierno debería cubrir el costo operativo de los servicios que brinda (salud, educación, seguridad), la inversión en obra pública, los pagos de deudas y la adquisición de bienes. El resultado, claro, es que no alcanza para todo.
CINTURÓN APRETADO
En los años del kirchnerismo en el gobierno nacional, el problema se resolvía mediante artificios5 como la emisión descontrolada de moneda, que llevó a un proceso inflacionario incontenible. La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada aplicó una receta totalmente diferente: ajuste duro y restricción monetaria. Los índices inflacionarios están muy por debajo de los de 2023, pero la economía se enfrió y la recaudación de impuestos coparticipables cayó fuerte en términos reales.
Más allá de esta coyuntura, el problema de fondo del Chaco es el sobredimensionamiento de su sector público. Hay en total más de 133.000 personas percibiendo una remuneración del Estado provincial. Unas 49.000 personas perciben jubilaciones del Insssep y hay casi 84.000 estatales en actividad, de los cuales algo más de 39.000 son docentes.
Por eso, aumentar siquiera un 1% los sueldos de todos los empleados públicos demandaría hoy una masa mensual de 1884 millones de pesos. Pagar la cláusula gatillo a docentes requería de 4762 millones. Son números inabordables hoy para las actuales condiciones presupuestarias de la provincia. Por eso, la administración de Zdero se resignó a anunciar que no puede brindar nuevas mejoras. Lo hizo a pesar de que en tres meses son las elecciones nacionales, en las que el gobierno volverá a poner en juego su crédito ante la ciudadanía.
La gestión actual venía otorgando mejoras por encima de los índices inflacionarios. Los docentes tuvieron una variación de sueldos del 262,2% desde enero de 2024 y los empleados públicos en general del 186,1%. En el mismo período la inflación fue del 150,4%. Es decir que el salario docente creció un 44,6% en términos reales y el del resto de los empleados públicos un 14,2%.
Si se ve el caso testigo del cargo de maestro de grado sin antigüedad y con jornada simple, a diciembre de 2023 tenía un sueldo de bolsillo de 214.951 pesos y en junio de este año el mismo cargo con las mismas condiciones se pagó 804.050 pesos. Sin duda que continúa siendo una remuneración baja, pero el importe creció casi cuatro veces.
Ahora la realidad se impuso y los números plantearon la obligación de poner en pausa los aumentos hasta que el cuadro fiscal mejore.
