Una multitudinaria marcha universitaria se movilizó este martes en distintas ciudades del país para reclamar mayor financiamiento para las universidades nacionales. Pese a la masividad de la protesta, el Gobierno de Javier Milei ratificó que no modificará su postura y que aguardará la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y aún sin aplicación.
Desde la Casa Rosada insistieron en que el conflicto no responde a un ataque contra la educación pública, sino a la necesidad de avanzar en auditorías, controles y mayor eficiencia en el uso de los recursos del sistema universitario. En ese marco, el presidente Milei compartió en redes sociales el mensaje: “La universidad pública no está en peligro. La caja sin control, sí”.
La postura oficial: auditorías y control del gasto
Funcionarios del oficialismo minimizaron el impacto político de la movilización y aseguraron que detrás de los reclamos existen sectores opositores y estructuras sindicales vinculadas al radicalismo y al peronismo.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificó la protesta como “un acto opositor” y sostuvo que “una causa noble se esconde atrás de la política”. Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, remarcaron la necesidad de implementar auditorías profundas, establecer criterios de regularidad académica y discutir el cobro de aranceles para estudiantes extranjeros.
“Amparándose en la autarquía solo les importa la plata”, señalaron fuentes oficiales, que además anunciaron el lanzamiento de un Micrositio de Datos de las Universidades Nacionales. La herramienta busca transparentar información vinculada a alumnos regulares, tasas de egreso, presupuestos y costo por graduado.
El rol clave de la Corte Suprema
El principal punto de conflicto gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y rechazada por el Ejecutivo. El Gobierno sostiene que la norma no establece de dónde surgirán los recursos adicionales para cubrir el incremento presupuestario.
En ese contexto, la administración nacional presentó un Recurso Extraordinario Federal y espera una definición de la Corte Suprema. “Lo tiene la Corte y tendrá que resolver. Estamos a la expectativa”, indicaron fuentes oficiales.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representantes del sistema universitario solicitaron al máximo tribunal que “escuche el clamor de las plazas de toda la república” y garantice el cumplimiento de la ley.
Reclamos por recortes y caída del presupuesto
Durante la movilización, el documento leído por los organizadores denunció una caída real acumulada del 45,6% en las transferencias a universidades nacionales entre 2023 y 2026. También advirtieron que los salarios docentes atraviesan “los niveles más bajos de los últimos 23 años”.
Los manifestantes acusaron al Gobierno de incumplir “la regla democrática y constitucional básica” al no ejecutar una ley aprobada por el Congreso.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó en las últimas horas con modificaciones al Presupuesto 2026, que incluyen un recorte cercano a los $2,5 billones y ajustes en programas educativos. Desde el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, defendieron las medidas y aseguraron que apuntan a “garantizar la eficiencia del Estado” sin afectar el funcionamiento educativo ni la investigación científica.
Cruces políticos y cuestionamientos a la UBA
La jornada estuvo marcada por fuertes cruces entre funcionarios y autoridades universitarias. Sandra Pettovello cuestionó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por la distribución de fondos destinados a hospitales universitarios y por no avanzar en un esquema de arancelamiento para estudiantes extranjeros.
Del otro lado, referentes universitarios rechazaron las acusaciones. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, acusó al Gobierno de “mentir sin vergüenza” y denunció una reducción drástica del presupuesto destinado a las casas de estudio.
La marcha reunió a dirigentes opositores, gremios docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa, consolidándose como la cuarta movilización federal universitaria desde el inicio de la actual gestión nacional.
Un conflicto abierto
El desenlace del conflicto universitario dependerá en gran medida de la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia en las próximas semanas.
Mientras el Gobierno insiste en profundizar auditorías, transparentar el uso de fondos y mejorar la eficiencia presupuestaria, el sistema universitario reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario para revertir lo que considera una situación crítica para la educación superior pública en Argentina.
