La Justicia federal procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero, le prohibió salir del país y dispuso un embargo sobre sus bienes por $1.000 millones. La resolución fue dictada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de una investigación por los US$200.000 que el exdiputado nacional recibió en 2019 del empresario Federico “Fred” Machado.
La medida se dictó sin prisión preventiva, por lo que no implica que Espert deba quedar detenido. La investigación busca determinar el origen de los fondos y establecer si fueron incorporados al circuito legal mediante operaciones destinadas a disimular su procedencia.
El procesamiento también alcanzó al contador Mariano Cosentino, señalado como partícipe necesario del delito, y a la empresa Varianza S.A. Según la resolución, se fijaron embargos por $700 millones para Cosentino y por $500 millones para la firma.
La causa se centra en una transferencia de US$200.000 que Espert recibió en 2019 y que, según la hipótesis de la acusación, habría sido justificada mediante un contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Machado.
Los investigadores sospechan que ese acuerdo pudo haber sido utilizado para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito. Entre los posibles destinos del dinero mencionados en la investigación figuran la compra de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
Machado, empresario argentino condenado en Estados Unidos por fraude electrónico y conspiración para lavar dinero, mantuvo vínculos con Espert desde 2019. De acuerdo con los antecedentes de la causa, también habría brindado apoyo a actividades vinculadas con la campaña presidencial del economista, mediante el préstamo de un avión privado, un vehículo blindado y el financiamiento de la presentación de un libro.
La decisión se conoció después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara planteos de la defensa de Espert contra distintas medidas de prueba ordenadas durante la investigación.
Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones consideraron que las actuaciones cuestionadas se desarrollaron conforme a la normativa aplicable y que no se advertían irregularidades que afectaran los derechos constitucionales del imputado.
La Cámara también rechazó el pedido para apartar al fiscal Rodolfo Domínguez, a quien la defensa había cuestionado por una supuesta pérdida de objetividad.
Con el procesamiento, la causa avanza hacia nuevas instancias judiciales para esclarecer el origen de los fondos y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder.
