El diputado nacional por Unión por la Patria, Eduardo Valdés, ha presentado hoy un proyecto de ley destinado a reparar a las víctimas sobrevivientes y a los familiares directos de las víctimas fatales de la tragedia del fentanilo contaminado, ocurrida meses atrás debido a la circulación de lotes de medicamentos adulterados.
La iniciativa propone una reparación «integral e igualitaria» que incluye una subvención económica equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles. Además, contempla «prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral».
El proyecto prevé una pensión vitalicia para los hijos y cónyuges de las personas fallecidas, así como beneficios para los sobrevivientes que hayan sufrido incapacidades a raíz de la intoxicación. La subvención no interferirá con futuras indemnizaciones que puedan ser percibidas por vía judicial o extrajudicial.
Los beneficiarios incluyen a hijos menores de 18 años, quienes recibirán la subvención a través de sus representantes legales, y a mayores que estudien hasta los 25 años, siempre que presenten el certificado correspondiente. También se contempla a cónyuges o convivientes que acrediten un mínimo de dos años de convivencia inmediata previa al fallecimiento.
Para las víctimas sobrevivientes, la subvención estará disponible durante el tiempo que dure la incapacidad laboral ocasionada por el suministro del fentanilo contaminado o adulterado.
Valdés destacó que “el Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia”, y subrayó la necesidad de esta ley para ofrecer «reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados».
El proyecto, que también cuenta con la firma de otros diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, crea el «Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado». Este programa será implementado por el Ministerio de Capital Humano en coordinación con las provincias afectadas.
Asimismo, se establecerá un Consejo de Control y Seguimiento, compuesto por familiares de víctimas, ONG y organismos públicos, con el fin de garantizar la transparencia y efectividad en la aplicación de la ley.
“Muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono del Estado”, concluyó Valdés.
