Aunque un fallo de Cámara ratificó que el Estado debe garantizar el servicio a casi mil familias, en el barrio temen que la provincia apele. Denuncian ademas que muchos vecinos no fueron censados y que la crisis por la falta de agua afecta a toda la zona sur de Resistencia.
Abrir la canilla y tener agua potable es una rutina básica en la vida moderna, pero para cerca de 1.000 familias del barrio Zampa representa una lucha diaria. En medio de esta contingencia, la decisión de la Cámara de mantener vigente la medida cautelar que exige garantizar el acceso al recurso trajo un respiro para los vecinos, aunque la preocupación sigue instalada en el barrio.
El temor principal es que el Gobierno del Chaco o la empresa SAMEEP recurran la decisión judicial para intentar revertir la protección vigente. Mientras no existan obras definitivas, los habitantes del Zampa saben que esa medida es el único resguardo que garantiza la llegada de asistencia.
La postura de los vecinos es contundente: no quieren permanecer atrapados en una discusión legal sobre un derecho básico. «Que la Justicia nos haya dado la razón es muy importante. Ahora esperamos que se cumpla y que podamos empezar a hablar de una solución definitiva», señalaron.
Familias invisibles en los planillados
El fallo judicial original había dispuesto un relevamiento para precisar cuántos hogares necesitan ayuda, cómo están integrados y qué recipientes tienen para guardar agua. Sin embargo, en el día a día del barrio, la realidad muestra un panorama incompleto.
Según advierten los propios pobladores, muchas familias que sufren cotidianamente la escasez del recurso no fueron incluidas en los relevamientos oficiales. La falla en el registro amenaza con reducir los recorridos de los camiones cisterna y dejar sectores sin asistencia.
«Que una familia no figure en una planilla no quiere decir que tenga agua», remarcaron desde el barrio, exigiendo que los censos se completen adecuadamente para que nadie quede excluido de la distribución.
La realidad que comparte la zona sur
El reclamo del Zampa refleja una situación que se multiplica en distintos puntos de la zona sur de Resistencia, donde miles de personas conviven con baja presión, cañerías informales y cortes frecuentes que obligan a buscar alternativas para llenar tachos y tanques.
La intervención de la Justicia logró poner el foco sobre el barrio, pero la comunidad insiste en que las soluciones provisionales tienen un límite. La dependencia de los camiones cisterna no reemplaza la tranquilidad de contar con red pública.
«No queremos vivir pendientes de cuándo llega un camión. Queremos tener la tranquilidad de abrir una canilla y que haya agua», resumieron las familias.
El fallo de la Cámara confirmó que el acceso al agua es un derecho insustituible. Ahora, el compromiso recae en las autoridades estatales para que la llegada del agua a los hogares del Gran Resistencia deje de depender de un expediente judicial y se transforme en una realidad permanente.
