La Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora revocó este martes el fallo de la jueza Marta Elba Pascual que había suspendido de manera preventiva la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) en el territorio bonaerense. Con este pronunciamiento, la normativa vuelve a aplicarse en toda la provincia de Buenos Aires.
El tribunal de alzada dio marcha atrás con la medida cautelar al considerar que un magistrado no puede frenar el alcance general de una norma sancionada por el Congreso Nacional sin vulnerar el sistema republicano de gobierno.
Los fundamentos de la Cámara
En su resolución, los jueces remarcaron que las normas aprobadas por las vías correspondientes gozan de presunción de legitimidad y que su neutralización solo procede ante un caso concreto mediante la declaración de inconstitucionalidad.
- División de poderes: El fallo dejó sentado que suspender una ley de forma general implica un avasallamiento sobre las facultades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo.
- Evaluación de condiciones: La Cámara aclaró que no minimiza la situación de los jóvenes privados de la libertad, pero sostuvo que ante cualquier agravamiento de las condiciones de encierro deberá ser el juez a cargo de cada causa quien ordene medidas urgentes.
- Falta de elementos objetivos: Se acompañó el criterio del Fiscal General Departamental, quien advirtió que la suspensión se basó en hipótesis sobre consecuencias futuras sin que existan pruebas de una afectación concreta y actual de derechos fundamentales.
Los argumentos de la resolución revocada
La medida suspendida había sido dictada por la jueza Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien dispuso un freno por 60 días tras hacer lugar a un hábeas corpus preventivo de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
En su planteo, la magistrada había argumentado que la provincia no cuenta con la infraestructura edilicia ni los recursos profesionales necesarios para absorber a un mayor número de menores detenidos. Asimismo, advirtió que el eventual hacinamiento incrementaría los niveles de violencia interna y no generaría mayor seguridad para la sociedad si no se garantizan el tratamiento y la educación adecuados.
