Un hombre de 34 años fue detenido en Rosario y quedó bajo prisión preventiva por 90 días, acusado de utilizar identidades falsas para intentar acceder a información confidencial del Servicio Penitenciario Federal. La Justicia investiga sus presuntos contactos con personas vinculadas a un condenado por narcotráfico y analiza movimientos bancarios millonarios.
Un hombre identificado como Cristian G. Martínez, de 34 años, fue detenido en el barrio Fisherton de Rosario, acusado de hacerse pasar por juez federal para intentar obtener información sensible del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La investigación también busca determinar si mantenía contactos con personas relacionadas con un conocido condenado por narcotráfico.
Por disposición judicial, Martínez quedó bajo prisión preventiva por 90 días mientras avanza la causa. Según informó el fiscal Federico Reynares Solari, el sospechoso nunca logró acceder a los datos que pretendía obtener.
El error que permitió descubrir la maniobra
De acuerdo con la investigación, las maniobras habrían comenzado en noviembre de 2024. Desde entonces, el acusado habría utilizado distintas identidades y cuentas de correo electrónico que imitaban dominios oficiales del Poder Judicial para solicitar credenciales de acceso al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop).
Uno de los episodios que despertó sospechas ocurrió en julio de 2025, cuando simuló enviar una comunicación desde el juzgado de la jueza federal María Romilda Servini. Sin embargo, en el mensaje mencionó el Juzgado N.º 3, pese a que la magistrada estaba a cargo del N.º 1.
Además, habría enviado al Servicio Penitenciario Federal documentos que contenían una presunta firma de la jueza. Las inconsistencias detectadas motivaron una denuncia que derivó en la investigación y posterior detención del sospechoso, concretada el 29 de septiembre.
Movimientos millonarios bajo investigación
Otro de los puntos que analiza la Justicia son los ingresos registrados en las cuentas vinculadas al acusado. Según los datos incorporados a la investigación, los movimientos habrían alcanzado los 41 millones de pesos durante 2024, 34 millones en el primer semestre de 2025 y 49 millones en 2026.
Los investigadores buscan establecer el origen de esos fondos. Según la información difundida, durante los períodos analizados Martínez no habría declarado ingresos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentado declaraciones juradas ni abonado el monotributo.
En paralelo, los fiscales intentan determinar si el hombre tuvo contacto con personas vinculadas a Julio Rodríguez Granthon, un expiloto peruano condenado a más de 30 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.
Por el momento, la posible conexión con ese entorno forma parte de las líneas de investigación y no implica, por sí misma, que se haya acreditado la participación del acusado en actividades de narcotráfico.
Los delitos que le atribuyen
Martínez fue imputado por presunta usurpación de autoridad y título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público.
La investigación también contempla antecedentes en una causa por presunta falsificación de documentos. Según esos registros, habría firmado como médico certificados de vacunación correspondientes a dosis que no se habían aplicado.
Mientras se cumplen las medidas judiciales, los investigadores buscan reconstruir el alcance de las maniobras, determinar el origen de los fondos detectados y establecer si existieron contactos con personas vinculadas al narcotráfico.
