Un grupo de senadores del bloque peronista presentó un proyecto de ley que busca implementar una tarifa eléctrica diferenciada para las provincias del Norte Grande argentino, con el objetivo de mitigar el impacto de los altos costos energéticos en la región.
La iniciativa, denominada “Ley de Tarifa Eléctrica Diferenciada para el Norte Grande Argentino”, propone la creación de un régimen federal que contemple las particularidades climáticas, geográficas y socioeconómicas de diez provincias: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
Beneficios y alcance del proyecto
La propuesta contempla una reducción del 50% en la tarifa para usuarios residenciales de bajos ingresos, del 35% para usuarios de ingresos medios y el mismo porcentaje para entidades de bien público. A diferencia de otros esquemas, no establece topes de consumo subsidiado, ya que los descuentos se aplicarían sobre la totalidad del consumo registrado en cada período de facturación.
Además, se prevé que los aumentos tarifarios no puedan superar indicadores como el Coeficiente de Variación Salarial del INDEC o el Índice de Precios Mayoristas. Otro punto destacado es la exención del IVA (0%) para usuarios y entidades que no cuenten con acceso a la red de gas natural domiciliario.
El financiamiento del régimen se realizaría a través del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica y del Fondo Compensador de Tarifas, con aportes de las distribuidoras de las provincias involucradas. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Economía, mediante la Secretaría de Energía, en coordinación con entes reguladores provinciales.
Fuerte respaldo político y críticas al Gobierno
El proyecto fue respaldado por legisladores de distintas provincias, entre ellos Lucía Corpacci, Florencia López, José Mayans, Alicia Kirchner, Jorge Capitanich, Juan Manzur y Carlos Linares, entre otros.
Durante la presentación, el senador Capitanich fue el encargado de explicar los aspectos técnicos del proyecto y subrayó que se trata de un régimen permanente basado en ingresos, no en niveles de consumo. También destacó que el Norte Grande concentra cerca del 20% de la población del país —unos 10 millones de habitantes— y enfrenta temperaturas elevadas durante gran parte del año.
Por su parte, Mayans advirtió sobre el impacto social de las tarifas: “Hay familias que no pueden pagar la luz; esto golpea a los trabajadores y también a las pymes”. En la misma línea, Corpacci señaló que la eliminación de subsidios a nivel nacional agravó la situación en las provincias del norte, donde el uso intensivo de energía es inevitable por las altas temperaturas.
La senadora López, en tanto, remarcó que en su provincia las temperaturas superan los 40 grados en verano, lo que incrementa la demanda energética y el costo del servicio. “Queremos llevar justicia a las provincias del interior”, afirmó.
Contexto y fundamentos
El proyecto se fundamenta en el acceso a la energía como un derecho humano y en la necesidad de garantizar un desarrollo equilibrado entre las distintas regiones del país, tal como establece la Constitución Nacional.
Los legisladores también alertaron sobre el impacto de las tarifas en clubes de barrio, jubilados y pequeñas empresas, sectores que —según señalaron— enfrentan serias dificultades para sostener sus actividades. En ese sentido, Capitanich advirtió sobre el cierre de miles de pymes y el deterioro del poder adquisitivo, al tiempo que cuestionó las políticas energéticas del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.
“El objetivo es construir una solución estructural de largo plazo que garantice igualdad de oportunidades para el Norte Grande”, concluyó el legislador chaqueño, al tiempo que llamó a buscar consensos en el Congreso para avanzar con la iniciativa.
