En una medida histórica que marca un antes y un después en la política venezolana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó este domingo un decreto que ordena el cierre y la liquidación de siete entes públicos, cuatro de ellos creados por el expresidente Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos.
La decisión, oficializada mediante el Decreto Nº 5248, responde a una política de “reorganización institucional” del Ejecutivo con el objetivo de adaptar la estructura del Estado a “nuevas directrices y políticas de orden social”, según explican las autoridades venezolanas.
Entes públicos que desaparecen
Entre los organismos eliminados se encuentran instituciones emblemáticas y cuestionadas del chavismo, como:
- El Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado para coordinar información estratégica sobre seguridad y defensa.
- La Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, enfocada en actividades comunitarias y de apoyo social.
- La Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”.
- La Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez.
Además, se suprimen otras entidades que datan de gestiones anteriores, como la Fundación Propatria 2000, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) y la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas).
¿Qué significa este cambio?
La decisión pone fin a programas y estructuras fuertemente asociados al legado del chavismo, una corriente política que dominó la escena venezolana por más de dos décadas. Aunque algunos sectores oficialistas justifican la medida como una forma de “modernizar y hacer más eficiente el aparato estatal”, desde la oposición se interpreta como el desmantelamiento de un modelo político histórico desde adentro.
El proceso de cierre y liquidación de estas instituciones se extenderá por 90 días y estará supervisado por una junta encargada de revisar bienes y redefinir funciones. En algunos casos, parte de las tareas de estos entes podrían ser reasignadas a otros ministerios, aunque sin una definición clara de plazos o impactos concretos sobre programas sociales o servicios a la población.
Desde el entorno político, este movimiento se da en el contexto de una Venezuela que vive una etapa de transición después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, un hecho que ha reconfigurado el escenario institucional y diplomático del país.
