Se trata de la segunda etapa del plan de «Reparación Histórica del Ahorro», y fue firmado por Milei antes de iniciar su gira internacional.
En un contexto de ajuste sostenido a trabajadores y jubilados, el Gobierno nacional presentó este jueves el proyecto de «Principio de Inocencia Fiscal», una reforma que flexibiliza el régimen penal tributario y permite la formalización de grandes sumas de dinero no declaradas sin sanciones penales. El anuncio estuvo a cargo del diputado José Luis Espert y del titular de ARCA, Juan Pazo. El proyecto, que fue firmado por Javier Milei antes de emprender otra gira internacional, fue promocionado como parte del «Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos», aunque diversos sectores advierten que se trata de un blanqueo encubierto que favorecerá a evasores, contrabandistas y capitales ilícitos.
Cabe recordar que el economista liberal Espert fue protagonista de un escándalo que lo vinculó con Federico «Fred» Machado, empresario detenido en abril por la Justicia de Estados Unidos acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Machado financió parte de la campaña presidencial de Espert en 2019, incluyendo traslados en avión y vehículos que nunca fueron declarados en sus registros oficiales. La elección de Espert como vocero de una ley que, según sus palabras, «protege al ciudadano de bien frente a la persecución del Estado», no pasó desapercibida y reavivó las críticas sobre la coherencia ética del Gobierno.
El nuevo régimen, presentado como un cambio de paradigma, eleva los montos a partir de los cuales se considera delito una evasión fiscal y reduce los plazos de prescripción. Quienes adhieran al nuevo esquema, especialmente al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, solo tributarán sobre lo facturado, sin necesidad de justificar su patrimonio. En palabras de Pazo, «una persona puede comprar cinco departamentos y solo pagar por lo que haya facturado». La medida apunta directamente a facilitar el retorno a la legalidad de capitales en negro, sin distinción de origen, lo cual genera preocupación en sectores que temen una apertura a maniobras delictivas como el lavado de activos.
Mientras se facilita la regularización de grandes fortunas y patrimonios no declarados, la administración de JavierMilei continúa bloqueando avances legislativos para mejorar la situación de los jubilados, como el reciente proyecto aprobado en Diputados para aumentar haberes. El contraste entre el trato a quienes intentan declarar ingresos formales y los beneficios otorgados a quienes operaron fuera del sistema es cada vez más evidente. Como señaló el propio Espert en conferencia: «Todos eran tratados como delincuentes», aunque ahora, con esta ley, el perdón será selectivo.
El proyecto también implica que más de 6.800 causas en el fuero penal tributario podrían quedar archivadas. Desde el Gobierno sostienen que «los problemas fiscales se resuelven pagando», pero omiten mencionar que el acceso al nuevo régimen estará limitado por la capacidad de afrontar esos pagos sin afrontar consecuencias legales. Mientras tanto, el contribuyente común —monotributista, asalariado o pequeño comerciante— sigue bajo el ojo del control fiscal, sin los beneficios de la «inocencia» que ahora se les concede a quienes operaron en la informalidad durante años.
Por último, el proyecto ya recibió el respaldo de 12 provincias a través de convenios para el intercambio de información fiscal, aunque jurisdicciones clave como Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa no se sumaron.Espert aprovechó la ocasión para atacar al gobernador Axel Kicillof, a quien tildó de «soviético», en un tono que expone más una agenda ideológica que una política fiscal seria. En definitiva, el anuncio del Gobierno no solo revela su prioridad por proteger a ciertos sectores, sino también la elección de sus voceros: un economista manchado por vínculos con el narcotráfico que hoy se erige como defensor de la «inocencia fiscal».
