Durante la audiencia de cesura, las defensas de la familia Sena y de sus colaboradores solicitaron la nulidad del veredicto emitido por el jurado popular. Ante ese planteo, el fiscal Martín Bogado respondió con firmeza y calificó de “peligrosas” las afirmaciones realizadas por los abogados defensores, a quienes acusó de esgrimir “denuncias gravísimas” sin ningún tipo de sustento.
Bogado cuestionó especialmente cómo las defensas aseguran conocer detalles sobre la ubicación y el alojamiento de los jurados durante la deliberación. “No sé cómo saben dónde estaban alojados los jurados. Esa manifestación es extremadamente grave”, advirtió. El fiscal también remarcó que todos los hechos mencionados en los planteos ocurrieron fuera del edificio judicial y que nada de lo expuesto evidencia irregularidades en el proceso deliberativo. “Subestiman, como siempre, la labor del jurado. Hablan de presión, pero el jurado hizo una diferenciación clara y actuó con responsabilidad”, señaló.
Según Bogado, los planteos defensivos responden a una estrategia posterior al fracaso en convencer al jurado durante el juicio. “No pudieron convencerlos y ahora vienen a poner un manto de duda sobre su trabajo”, afirmó. También destacó que las defensas no aportaron pruebas concretas para sostener sus acusaciones: “Si lo único que les queda es especular porque no tienen pruebas, entonces no queda otra cosa”, dijo con ironía, dejando en claro su rechazo absoluto al intento de anulación.
Tras la exposición del fiscal, intervinieron las querellas. Gustavo Briend, representante de la familia de Cecilia, y Juan Ignacio Díaz, en representación del Estado, adhirieron al rechazo de la nulidad planteado por el Equipo Fiscal Especial.
En su alegato, Briend recordó que la propia defensora Mongelo reconoció que la audiencia en curso corresponde a la etapa de cesura, por lo que —según precisó— no es el momento procesal adecuado para introducir planteos de nulidad. Señaló además que los argumentos sobre presión pública, contaminación externa y supuestas violaciones al artículo 18 de la Constitución Nacional “no fueron planteados oportunamente durante el debate” y carecen de identificación de un acto concreto viciado o un perjuicio real.
El abogado recordó que, en audiencias preliminares, ya se había tratado el pedido de las defensas de trasladar el proceso a otra jurisdicción, solicitud que el tribunal rechazó tras evaluar que el juicio podía desarrollarse sin afectaciones en el ámbito local.
Briend consideró que las nuevas presentaciones de las defensas responden simplemente a una “disconformidad” con un veredicto que no se ajustó a sus pretensiones, y remarcó que esa sola razón no constituye un motivo válido para intentar anular la decisión del jurado popular. Sostuvo que el proceso se desarrolló conforme a la ley provincial de juicio por jurados y con pleno respeto de las garantías. También rechazó las insinuaciones sobre un supuesto sesgo social hacia los imputados, a las que calificó como intentos de “mezclar las cosas para generar discusiones sin sentido”.
Por estos motivos, pidió rechazar in limine el planteo defensivo y continuar con la audiencia de cesura.
