Un informe difundido este miércoles advierte que las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberían ser aproximadamente un 21 % más altas si se hubiese actualizado la fórmula de ajuste según la evolución real de la inflación y los costos de vida, en lugar de la metodología actualmente aplicada por el Gobierno nacional.
Según el relevamiento, la decisión de postergar la actualización de la canasta del INDEC, que sirve de base para medir la inflación, junto con el congelamiento del bono previsional de 70 000 pesos —fijado desde marzo de 2024— generó un desplome en los ingresos reales de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH.
El análisis indica que, entre abril de 2024 y diciembre de 2025, los haberes mínimos aumentaron un 99 %, pero de haberse aplicado una medición de precios más ajustada al costo de vida real, ese incremento debería haber sido del 140 %, marcando así una brecha del 21 % respecto de lo que habría correspondido pagar.
Pérdida acumulada en el bolsillo del jubilado
En términos acumulados, cada jubilado que percibe la mínima habría perdido más de 1 millón de pesos solo por el desfase en la actualización del índice de precios. Si a esto se le suma el impacto de mantener congelado el bono previsional, la pérdida total asciende a más de 2,4 millones de pesos por beneficiario durante el período analizado.
El informe también contrasta estas cifras con el costo de vida real estimado por organismos como la Defensoría de la Tercera Edad, que proyectó que una canasta básica para jubilados superaba los 1,5 millones de pesos en octubre de 2025, mientras que el haber mínimo más el bono apenas alcanzaba cerca de 396 000 pesos.
Críticas a la política de actualización
La crítica del documento se dirige especialmente a las autoridades económicas, que mantienen la medición de precios basada en un índice que data de 2004 y han postergado la adopción de una nueva metodología más representativa del costo real. Esta decisión, según los analistas, afecta directamente el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, quienes perciben haberes muy por debajo de lo necesario para cubrir sus necesidades básicas.
La situación abre un nuevo debate en torno a la fórmula de movilidad jubilatoria y el impacto de las políticas de ajuste en los ingresos de los adultos mayores, en un contexto en el que la inflación y el costo de vida continúan siendo temas centrales en la agenda económica nacional.
