El hasta hoy presidente de la empresa estatal encargada de las centrales nucleares dejó su cargo en medio de una fuerte polémica. La Justicia investiga irregularidades en contrataciones y el pago de sobreprecios en insumos clave.
El físico y economista Demian Reidel presentó su renuncia indeclinable a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa que gestiona las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. Su salida se produce en un clima de extrema tensión, luego de que trascendieran graves denuncias por presuntas irregularidades en la gestión de compras de la compañía.
La dimisión, que ya fue aceptada por el Ejecutivo, ocurre tras la filtración de informes internos y auditorías que señalan el pago de sobreprecios en la adquisición de repuestos e insumos específicos para el mantenimiento de las plantas nucleares.
Los puntos clave de la polémica
La gestión de Reidel quedó bajo la lupa tras una serie de acusaciones que apuntan a:
- Contrataciones directas: Se investiga si existió un direccionamiento en licitaciones hacia empresas proveedoras específicas.
- Sobreprecios: Los reportes indican diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los montos efectivamente pagados por la empresa estatal.
- Internas en el equipo económico: Reidel, quien era un hombre de extrema confianza del equipo de asesores del Gobierno, habría perdido respaldo político tras el avance de las denuncias en sede judicial.
El futuro de la empresa
Nucleoeléctrica es una pieza estratégica en la matriz energética argentina, no solo por la generación eléctrica sino por los proyectos de extensión de vida de las centrales vigentes. La salida de su titular genera incertidumbre sobre la continuidad de las obras de mantenimiento y los contratos internacionales que la empresa mantiene vigentes.
Desde el Gobierno nacional aún no han confirmado quién será el sucesor de Reidel al frente de la entidad. Mientras tanto, la Justicia Federal continuará con el análisis de la documentación secuestrada para determinar si las irregularidades administrativas configuran delitos de corrupción.
