La Justicia de Estados Unidos dispuso la suspensión de todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, en una decisión que representa un alivio para la Argentina en medio de un litigio millonario que se tramita en Nueva York.
La medida fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que hizo lugar a un pedido del Estado argentino y ordenó frenar de manera temporal todos los procesos judiciales relacionados con el caso hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
En concreto, la resolución alcanza tanto al proceso de discovery —mediante el cual los demandantes buscaban identificar activos argentinos para ejecutar la sentencia— como a otras acciones vinculadas a la ejecución del fallo de primera instancia.
El planteo había sido impulsado por la Procuración del Tesoro, que solicitó una suspensión urgente para evitar el avance de medidas judiciales mientras se analiza la apelación presentada por el país.
Un fallo clave en un litigio millonario
El juicio se originó tras la expropiación de la petrolera en 2012 y derivó en una sentencia de primera instancia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, que condenó a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares, cifra que con intereses ronda los 18.000 millones.
Los beneficiarios del fallo —entre ellos fondos litigantes— habían avanzado en distintas acciones para cobrar la indemnización, lo que incluía pedidos de información sobre bienes del Estado argentino en el exterior.
Con esta nueva decisión, esos reclamos quedan en pausa hasta que la Cámara defina si confirma, modifica o revoca la sentencia original.
Impacto y expectativas
La resolución fue interpretada como un respaldo a la estrategia legal del Gobierno y un freno temporal a los intentos de ejecución del fallo.
Especialistas señalan que la medida podría anticipar una definición sobre el fondo del caso en el corto plazo, aunque no hay plazos establecidos para el fallo definitivo.
De esta manera, el litigio por YPF entra en una etapa clave, con la expectativa puesta en la decisión final de la Cámara de Apelaciones, que será determinante para el futuro financiero del país.
