El interbloque Frente Chaqueño presentó una denuncia ante la Justicia contra el Ministerio de Salud del Chaco por presuntas fallas en los controles que permitieron que una mujer ejerciera la medicina sin título habilitante, tanto en el ámbito público como privado.
La presentación judicial apunta directamente a la gestión sanitaria provincial, encabezada por el ministro Sergio Rodríguez, y sostiene que la situación no solo era irregular, sino también conocida dentro del sistema.
Pruebas y documentación
Según informaron desde el espacio político, la denuncia incluye documentación que demostraría que la falsa médica figuraba en planillas internas de guardia, contaba con asignaciones regulares dentro de un hospital, percibía pagos —incluso mediante aplicaciones digitales— y firmaba documentación oficial sin que se activaran mecanismos de control.
“Esto no pasó en la oscuridad. Estaba en las planillas, en los cronogramas, en los registros. Todos lo sabían o debían saberlo”, señalaron desde el interbloque.
Entre las pruebas aportadas se encuentran cronogramas mensuales, registros de guardias, comprobantes de transferencias, documentos firmados de puño y letra y actuaciones administrativas que evidenciarían que la situación era visible dentro del sistema sanitario.
Un punto crítico: firmas de actas de defunción
Uno de los aspectos más graves del caso es que la mujer habría firmado actas de defunción de más de diez pacientes durante el período en el que ejerció sin contar con título habilitante.
“Hay más de 10 familias que fueron a buscar atención médica y terminaron velando a sus seres queridos. Esto no es un error administrativo: es una falla estructural que tiene consecuencias humanas”, advirtieron.
Responsabilidades y reclamos
Desde el Frente Chaqueño sostuvieron que el problema excede a un caso individual y expone un deterioro estructural en el sistema de salud provincial.
“Falló el privado, falló el hospital y falló el Estado. Cuando nadie controla, el sistema se rompe. Y cuando el sistema se rompe, el costo lo pagan las familias”, afirmaron.
La denuncia también alcanza a funcionarios del área sanitaria por su presunta responsabilidad en la falta de supervisión. En ese marco, un legislador del espacio advirtió sobre la gravedad institucional del caso y planteó interrogantes sobre la posibilidad de que existan situaciones similares en otros centros de salud.
Finalmente, exigieron que la Justicia avance con rapidez en la investigación y que se determinen responsabilidades políticas. “No alcanza con mirar para otro lado. Cuando fallan todos los controles, las responsabilidades son de las máximas autoridades. Y alguien tiene que hacerse cargo”, concluyeron.
