La oposición en la Cámara de Diputados volvió a presionar al Gobierno nacional para que implemente la Ley de Financiamiento Universitario y confirmó que acompañará las movilizaciones convocadas para este martes en distintos puntos del país en defensa de la educación pública. El reclamo se da en medio de una creciente tensión entre el oficialismo, las universidades nacionales y los gremios docentes por el presupuesto destinado al sistema universitario.
Los bloques opositores cuestionaron que la administración de Javier Milei continúe sin aplicar plenamente la norma sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial en 2025. Legisladores del radicalismo crítico, Unión por la Patria y otros espacios dialoguistas sostienen que el Ejecutivo incumple una ley vigente mientras se profundiza el deterioro salarial de docentes y no docentes y crecen las dificultades presupuestarias en las universidades nacionales.
El diputado Pablo Juliano, integrante de la bancada Provincias Unidas, criticó con dureza la postura oficialista y acusó al Gobierno de no respetar las decisiones parlamentarias. “Sancionamos dos leyes que el Gobierno no quiso cumplir porque argumentaron que se rompía el déficit fiscal”, afirmó el legislador en declaraciones difundidas este lunes.
En paralelo, agrupaciones estudiantiles, centros universitarios y organizaciones sindicales ratificaron su participación en la nueva Marcha Federal Universitaria. La protesta tendrá como epicentro la Plaza de Mayo, aunque también habrá actos y movilizaciones en distintas provincias. Los organizadores reclamarán mayores partidas presupuestarias, recomposición salarial y la ejecución plena de la ley de financiamiento.
Sectores vinculados a Franja Morada y a la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) advirtieron que las universidades atraviesan una situación crítica. En un comunicado conjunto denunciaron que existe un “ajuste deliberado” sobre el sistema educativo superior y señalaron problemas de infraestructura, caída del poder adquisitivo de los salarios y dificultades para sostener hospitales universitarios y becas estudiantiles.
La ley aprobada por el Congreso establece mecanismos de actualización presupuestaria para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas, así como fondos destinados a salarios, investigación, tecnología y programas de permanencia estudiantil. Sin embargo, la Casa Rosada sostiene que la norma afecta el equilibrio fiscal y promovió un proyecto alternativo vinculado al Presupuesto 2026.
Desde el Gobierno defendieron la política presupuestaria y rechazaron las acusaciones de desfinanciamiento. El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró en los últimos días que las partidas universitarias previstas para 2026 ascienden a 4,8 billones de pesos y afirmó que el Ejecutivo “cumplió con todas sus obligaciones”.
No obstante, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintos gremios docentes remarcan que las transferencias nacionales siguen siendo insuficientes frente a la inflación acumulada y denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo en el sector universitario. Según datos difundidos por las autoridades académicas, el sistema sufrió una fuerte caída real de recursos desde 2023.
La movilización de este martes podría reactivar el debate parlamentario sobre financiamiento universitario en las próximas semanas. En la oposición consideran que la presión social y académica puede acelerar el tratamiento de iniciativas pendientes en las comisiones de Educación y Presupuesto de Diputados.
