El Gobierno nacional salió este lunes a cuestionar la nueva Marcha Federal Universitaria convocada para este martes en Plaza de Mayo y vinculó la movilización con sectores opositores. Desde la Casa Rosada sostuvieron que la protesta “es claramente política” y defendieron la política de auditorías y control sobre las universidades públicas.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezaron una conferencia de prensa en la que remarcaron que el Ejecutivo no está “en contra de la universidad pública”, aunque insistieron en que la convocatoria tiene una fuerte influencia partidaria.
“Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros podemos entender, pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política”, afirmó Álvarez, quien cuestionó la participación de dirigentes sindicales, sectores del peronismo y la adhesión de la CGT a la movilización.
En la misma línea, Pettovello sostuvo que el Gobierno busca “transparentar” el uso de los fondos universitarios y aseguró que continuarán las auditorías sobre las casas de estudio. La funcionaria afirmó además que el oficialismo intenta dar “la batalla cultural” para demostrar que no pretende cerrar universidades públicas.
La movilización, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes, tendrá réplicas en distintas ciudades del país bajo la consigna “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”. El acto central está previsto para las 17 en Plaza de Mayo.
Los organizadores reclaman la ejecución plena de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025, además de una actualización salarial y mayores partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades nacionales.
Desde el Gobierno argumentan que la norma presenta inconsistencias presupuestarias y sostienen que el único marco legal vigente es la Ley de Presupuesto. Según funcionarios nacionales, el costo de implementación de la ley rondaría los 1,2 billones de pesos.
La tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario viene escalando desde el inicio de la gestión de Javier Milei, marcada por recortes presupuestarios, conflictos salariales y sucesivas movilizaciones en defensa de la educación pública. En 2024 y 2025 ya se habían realizado marchas masivas en distintos puntos del país contra el ajuste en universidades.
Para este martes, el Ministerio de Seguridad confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes y desplegará un fuerte operativo en el centro porteño con el objetivo de garantizar la circulación vehicular durante la protesta.
