El Gobierno del Chaco, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicitó formalmente intervenir como querellante particular en la causa judicial que investiga la denominada “Masacre de El Zapallar”, uno de los episodios más trágicos y menos visibilizados de la historia provincial.
La presentación fue realizada este lunes 18 de mayo de 2026 ante la Justicia Federal por el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado. En paralelo, también se presentó el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Florencio Díaz, acompañando el pedido para formar parte de la investigación judicial.
La causa busca reconstruir los hechos ocurridos en septiembre de 1933 en el entonces paraje El Zapallar, actual ciudad de General José de San Martín, donde integrantes del pueblo Moqoit habrían sido víctimas de una violenta represión estatal.
De acuerdo con las investigaciones históricas y judiciales, cerca de 300 personas pertenecientes a comunidades originarias, encabezadas por el cacique Luis Durán, se movilizaron desde Napalpí y otras localidades hacia El Zapallar en busca de alimentos y trabajo. El desplazamiento ocurrió en un contexto marcado por la sequía, el hambre y las condiciones extremas de pobreza que atravesaban las comunidades indígenas del entonces Territorio Nacional del Chaco.
Según los testimonios y documentos incorporados a la causa, el avance de la caravana fue interpretado como una amenaza por sectores de la población local, situación que derivó en una intervención represiva encabezada por efectivos policiales y civiles armados.
Las estimaciones sobre la cantidad de víctimas varían entre decenas de muertos, además de numerosos relatos que dan cuenta de desapariciones y fallecimientos durante la huida hacia la zona del Río de Oro.
Uno de los testimonios considerados fundamentales para reconstruir lo sucedido fue el de Pedro Balquinta, sobreviviente de la comunidad moqoit, quien además había sobrevivido a la Masacre de Napalpí.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos señalaron que la intervención del Estado provincial representa un paso importante en la búsqueda de memoria, verdad y reparación histórica para las comunidades originarias chaqueñas, en el marco de una investigación que actualmente tramita bajo la figura de delitos de lesa humanidad.
En este contexto, durante 2026 descendientes de sobrevivientes comenzaron a declarar ante fiscales federales, aportando nuevos testimonios y documentación con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos hace más de nueve décadas.
