El Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco resolvió admitir las acusaciones presentadas contra el fiscal César Luis Collado y el juez Gustavo Rodolfo Lineras, y dispuso la suspensión preventiva de ambos mientras avanza el proceso de enjuiciamiento.
La decisión fue adoptada durante una sesión realizada el jueves 18 de junio, en la que el organismo consideró procedentes las denuncias formuladas contra ambos funcionarios judiciales. La medida no implica una sanción definitiva ni un pronunciamiento sobre la culpabilidad de los involucrados, sino el inicio formal del procedimiento previsto para analizar las acusaciones.
En el caso de Collado, la denuncia fue impulsada por los abogados Oscar Olivieri, Roberto Pugacz y Cristian Arana, quienes cuestionan su actuación en una investigación judicial. Por su parte, la acusación contra Lineras fue presentada por el propio fiscal, en el marco del conflicto que ambos mantienen desde hace varios meses.
Con la apertura de los procesos, tanto el fiscal como el juez quedaron suspendidos preventivamente y deberán presentar sus respectivos descargos y ofrecer pruebas ante el organismo encargado de evaluar su conducta.
La reacción del PJ
Tras conocerse la resolución, el Consejo Provincial del Partido Justicialista del Chaco difundió un duro comunicado en el que rechazó la suspensión de Lineras y denunció que detrás de la medida existe una intención de proteger a Collado.
«Quieren callar a un juez para salvar a un fiscal amigo del poder», afirmó el PJ, que sostuvo que Lineras actuó conforme a derecho al dictar una sentencia en la que cuestionó el accionar del fiscal y señaló presuntas irregularidades en una investigación que involucró a abogados de Sáenz Peña.
Según el documento partidario, la sentencia del magistrado se apoyó en pruebas documentales y testimoniales que, a criterio del PJ, demostrarían que Collado no actuó con la imparcialidad exigida por su función.
La conducción justicialista también cuestionó la situación de Collado como fiscal provisorio y vinculó su permanencia en el cargo con supuestas decisiones políticas tomadas en el ámbito del Consejo de la Magistratura. En ese sentido, denunció presuntas presiones para impedir la designación de fiscales surgidos de concursos y sostuvo que el funcionario mantiene cercanía con sectores del oficialismo provincial y municipal.
Además, el PJ advirtió sobre lo que considera una creciente injerencia política en el funcionamiento de la Justicia chaqueña y reclamó la inmediata revisión de la suspensión de Lineras, así como la cobertura definitiva de las vacantes fiscales mediante concursos.
Un conflicto con derivaciones políticas
La resolución del Consejo de la Magistratura abrió una nueva etapa en una disputa que combina denuncias judiciales, acusaciones cruzadas y fuertes cuestionamientos políticos.
Mientras el organismo deberá analizar las pruebas y determinar si corresponde avanzar hacia una eventual remoción de alguno de los funcionarios, el caso ya generó repercusiones en el ámbito político provincial, donde la oposición denuncia una supuesta persecución contra el magistrado y sectores vinculados al oficialismo defienden la actuación de las instituciones encargadas de controlar la conducta de jueces y fiscales.
Hasta el momento, el Gobierno provincial no emitió una respuesta oficial a las acusaciones formuladas por el Partido Justicialista.
