El senador del bloque Justicialista presentó un proyecto de ley que reconoce el rol de la capital chaqueña en la defensa de los derechos humanos y en los juicios por crímenes de lesa humanidad. La iniciativa coincide con el 50° aniversario de la Masacre de Margarita Belén.
El senador nacional del bloque Justicialista Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley para declarar a la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, como “Capital Nacional de la Memoria”. La iniciativa busca reconocer la trayectoria institucional, académica, judicial y social desarrollada durante décadas en torno a los derechos humanos y a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Según el texto, la distinción se fundamenta en el papel de la capital chaqueña en la denuncia, investigación y juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado, así como en la preservación de la memoria colectiva. También propone destacar el trabajo de sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos de derechos humanos, investigadores, fiscales, jueces y querellantes que impulsaron esos procesos desde la provincia.
A 50 años de Margarita Belén
Entre los fundamentos, Capitanich recuerda que en 2026 se cumplen 50 años de la Masacre de Margarita Belén, ocurrida el 13 de diciembre de 1976 y considerada uno de los episodios más emblemáticos de la represión ilegal en el Nordeste argentino. Según el legislador, Resistencia se convirtió con el tiempo en el principal epicentro institucional desde el cual se promovieron las investigaciones, la preservación de pruebas y las causas judiciales vinculadas a esos hechos.
El proyecto destaca especialmente a la Casa por la Memoria, que funciona en el edificio donde durante la última dictadura operó la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, considerado el principal centro clandestino de detención de la provincia. Hoy ese espacio se dedica a la preservación documental, la investigación histórica y la educación en derechos humanos.
Juicios de lesa humanidad y Napalpí
La iniciativa menciona que en Resistencia se desarrollaron algunos de los principales juicios por delitos de lesa humanidad de la región, entre ellos la causa por la Masacre de Margarita Belén y las denominadas causas Caballero. Esos procesos derivaron en condenas a integrantes de las fuerzas represivas por secuestros, torturas, desapariciones y homicidios cometidos durante la dictadura.
También recuerda el protagonismo de la ciudad en el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, que terminó en 2022 con una sentencia que calificó la matanza de integrantes de los pueblos qom y moqoit como un crimen de lesa humanidad, en el marco de un proceso de genocidio indígena. El fallo fue considerado un antecedente novedoso en materia de reparación histórica para las comunidades originarias.
Sin costo presupuestario
Capitanich sostiene que la declaración no implica erogaciones presupuestarias y que se enmarca en los estándares internacionales de reparación simbólica y garantías de no repetición del sistema internacional de derechos humanos.
En sus fundamentos, el senador resalta además distintas normas nacionales y provinciales vinculadas a la memoria histórica, y el aporte de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en la formación académica, la recopilación de archivos y el apoyo a las investigaciones judiciales.
