El concejal cuestionó la convocatoria realizada por la gestión de Roy Nikisch y pidió la nulidad del procedimiento. Sostiene que el registro de participantes abrió con nueve días de anticipación, pese a que la ordenanza municipal establece 30 días.
El concejal Guillermo Monzón denunció que le impidieron expresarse durante la audiencia pública por el proyecto Costa Norte, realizada este viernes 9 de octubre en en el Recinto de Sesiones «Deolindo Felipe Bittel» de la Cámara de Diputados del Chaco, y cuestionó la legalidad de la convocatoria impulsada por la gestión del intendente Roy Nikisch.
A través de un mensaje difundido desde el recinto, el edil sostuvo que planteó la nulidad de la audiencia porque, según su interpretación, no se respetaron los plazos previstos en la Ordenanza 6363/02.
“Me quitaron el micrófono para poder expresar sobre la nulidad y lo que carece de legalidad esta convocatoria”, manifestó Monzón al relatar lo ocurrido durante el encuentro.
El concejal afirmó que el registro de participantes se abrió el 30 de septiembre, mientras que la audiencia se llevó adelante el 9 de octubre. A partir de esas fechas, cuestionó que los vecinos hayan contado con apenas nueve días para inscribirse y conocer los detalles de la iniciativa.
Según su planteo, la normativa municipal establece un período de 30 días para que la ciudadanía pueda informarse y participar. Por ese motivo, reclamó que se suspenda el trámite hasta que se cumplan los plazos que considera obligatorios y se publiquen los informes técnicos correspondientes.
Un proyecto bajo discusión
Costa Norte Ecodistrito es una propuesta de desarrollo urbano, inmobiliario y comercial en el norte de Resistencia, en un sector cercano al río Negro.
El proyecto fue presentado en 2022, durante la gestión provincial de Jorge Capitanich, con una inversión anunciada de 600 millones de dólares para un período de 20 años. La propuesta original contemplaba un desarrollo de 39 hectáreas, áreas residenciales, espacios verdes, espejos de agua, módulos comerciales y gastronómicos y una costanera de 1.800 metros.
En aquel momento, se estimó que el emprendimiento podría atender la demanda habitacional de 15.000 personas y generar más de 1.000 puestos de trabajo anuales.
Sin embargo, la iniciativa también despertó cuestionamientos por su localización en un área vinculada a la dinámica hídrica del río Negro.
Las objeciones ambientales
El especialista Ramón Vargas advirtió que la urbanización podría afectar la función de la llanura de inundación como espacio de almacenamiento temporal del agua durante lluvias intensas y crecidas.
También cuestionó la información disponible en el Estudio de Impacto Ambiental y alertó sobre posibles consecuencias para los barrios ubicados aguas arriba.
En paralelo, existen observaciones vinculadas con las obras previstas sobre la franja de bosque ribereño protegido, un aspecto que forma parte de la discusión técnica y administrativa del emprendimiento.
Para Monzón, el cumplimiento de los procedimientos y el acceso a la información son condiciones necesarias para que los vecinos puedan evaluar una iniciativa de estas características.
Hasta el momento, las declaraciones del concejal constituyen su versión sobre lo ocurrido en la audiencia. La eventual nulidad del procedimiento deberá determinarse a partir de la normativa aplicable y de las decisiones de las autoridades competentes.
