El vocero presidencial Manuel Adorni fue denunciado penalmente por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis, según una presentación judicial realizada por la diputada Marcela Pagano.
La denuncia, que ingresó en la Justicia federal, solicita investigar posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones y manejo de recursos estatales durante el período 2025-2026.
Sospechas sobre contrataciones millonarias
Uno de los puntos centrales del planteo apunta a una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios para servicios de mensajería masiva. El contrato, adjudicado a la empresa ATX S.A., supera los $3.650 millones e incluía envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
De acuerdo con la presentación, existirían vínculos entre distintas empresas participantes —como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.— que podrían haber afectado la transparencia del proceso. También se mencionan diferencias de precios y reiteración de firmas en licitaciones similares, lo que podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
El foco en la concesión de Tecnópolis
Otro eje de la denuncia está relacionado con la concesión de Tecnópolis, un proceso valuado en más de $183.000 millones y llevado adelante por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de la Jefatura de Gabinete.
En este punto, la presentación advierte sobre un posible conflicto de intereses, al mencionar vínculos entre una consultora vinculada al entorno familiar de Adorni y empresas que participaron del proceso de concesión del predio.
Posibles delitos y pedido de investigación
Según el escrito judicial, los hechos denunciados podrían encuadrarse en figuras como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
Por este motivo, la diputada solicitó la apertura de una investigación y la producción de pruebas para determinar si existieron irregularidades y establecer eventuales responsabilidades.
Repercusiones
Tras conocerse la denuncia, desde el entorno del funcionario rechazaron las acusaciones, mientras que el caso quedó en manos de la Justicia, que deberá definir si impulsa la investigación.
La causa se suma a otros cuestionamientos recientes en torno al manejo de recursos públicos y contratos estatales, en un contexto de alta tensión política entre el oficialismo y sectores de la oposición.
