La Justicia detectó una serie de presuntas maniobras para eliminar pruebas en Sur Finanzas antes y después de los allanamientos realizados en la empresa vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La investigación reconstruyó comunicaciones entre empleadas, asesoras y personal de sistemas que, según la hipótesis judicial, habrían formado parte de un plan para ocultar información y dificultar el avance de la causa.
El juez federal Tomás Rodríguez Ponte consideró que esos intercambios podrían integrar un supuesto protocolo de obstrucción de la investigación, que derivó en el procesamiento del financista Ariel Vallejo.
Según una investigación periodística publicada por La Nación, las primeras alertas dentro de la empresa aparecieron el 28 de noviembre, luego de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunto lavado de activos. Ese día, Micaela Sánchez, señalada en el expediente como responsable de custodiar llaves de cajas fuertes y equipos, consultó a una empleada si ocurría algo extraño. La respuesta fue que operaban «solo blanco» y que el resto permanecía resguardado.
Sin embargo, las comunicaciones que más llamaron la atención de los investigadores se produjeron durante la madrugada del allanamiento. A la 1:33, Daniela Sánchez, secretaria personal de Vallejo, habría indicado retirar temprano las ganancias acumuladas. Poco después, Susana Hoffman, asesora en normativa del Banco Central, solicitó al área de sistemas ingresar a las computadoras de los cajeros para desconectar programas.
Hoffman explicó posteriormente que su intención era eliminar aplicaciones personales que no estaban permitidas, como WhatsApp e Instagram. No obstante, el juzgado cuestionó el horario en el que se realizó el pedido.
Otro de los mensajes incorporados al expediente fue enviado a las 2:57, cuando Daniela Sánchez habría ordenado a un colaborador «borrar todas las cámaras».
La investigación también detectó movimientos de dinero en distintas sucursales, entre ellas Adrogué Chico y Banfield, donde se habría retirado gran parte del efectivo acumulado y dejado solamente pequeñas cantidades.
Las sospechas continuaron en los días posteriores. El 2 de diciembre, Juan Ramón Cervín, identificado como portavalor de la firma, coordinó el traslado y ocultamiento de tres camionetas. Un día después, Nahiara Gamarra, otra secretaria de Vallejo, habría pedido a un técnico informático que limpiara su equipo y eliminara toda la información.
Frente a estas acusaciones, las empleadas y los colaboradores involucrados rechazaron haber participado de maniobras para obstruir la investigación. Por su parte, fuentes cercanas a Vallejo negaron que el financista hubiera dado órdenes para destruir evidencias.
La causa también investiga el funcionamiento del Grupo Sur Finanzas, que incluía operaciones de compraventa de divisas, préstamos y la billetera virtual Sur Finanzas PSP.
Uno de los puntos bajo análisis es la actividad de Centro de Inversiones Concordia, señalada por presuntas ventas de dólares en el mercado paralelo a personas no autorizadas. Según los registros citados en la investigación, la firma declaró ingresos por $4.040.114.708 durante 2022, mientras que las ventas informadas fueron de $2.440.801.851.
Para la Justicia, la presunta comercialización informal de divisas habría funcionado como delito precedente de operaciones de lavado de activos. Vallejo rechazó esa hipótesis y defendió la legalidad de sus actividades durante el período del cepo cambiario.
Actualmente, el financista cumple prisión domiciliaria. Mientras tanto, el juez aguarda un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo), que permitirá analizar los movimientos contables y las operaciones de préstamos y patrocinios que vincularon a la financiera con distintos clubes de fútbol.
