El Gobierno nacional oficializó una profunda reorganización en la Quinta de Olivos mediante el traspaso integral de la seguridad y el control operativo a la Casa Militar. La medida implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial —entidad que hasta el momento concentraba las tareas administrativas y de gestión del lugar— con el objetivo de unificar el mando, reducir la estructura formal del predio y ajustar la dotación de recursos asignados al entorno del jefe de Estado.
El nuevo esquema establece que el personal militar asumirá la responsabilidad absoluta sobre el resguardo de la Quinta de Olivos, así como de las residencias transitorias que utilicen el Presidente y su familia. Esta reestructuración comenzó a ser notificada al personal civil que se desempeña en el predio en áreas como mantenimiento, jardines, cocina y servicios cotidianos. En ese marco, el plan oficial contempla un proceso combinado que incluye la reubicación de una parte de los trabajadores de planta en otras dependencias del Estado nacional y la concreción de desvinculaciones.
Desde el Ejecutivo fundamentaron la decisión en la necesidad de elevar los estándares de protección y eficiencia en un contexto internacional que presenta mayores niveles de exigencia en materia de seguridad. La transferencia de responsabilidades, bienes y funciones administrativas se llevará a cabo de manera gradual durante un plazo máximo de 60 días, período en el cual quedará delimitada la estructura definitiva con la que operará la residencia presidencial bajo la órbita directa de la Casa Militar.
