Las modificaciones a la Ley de Discapacidad incluidas por el Ejecutivo en el proyecto del Presupuesto 2027 generaron un fuerte cortocircuito interno en el oficialismo. La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expresó públicamente su malestar al confirmar que no estaba al tanto de los recortes ni de los cambios articulados en la propuesta, admitiendo que la situación genera fricciones en la conducción parlamentaria.
«No estaba enterada, tenemos que corregir eso. Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos», manifestó la legisladora en declaraciones radiales. Bullrich advirtió sobre el impacto que este tipo de omisiones genera hacia el trabajo legislativo: «Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, quedás como un tonto o como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas».
Los puntos centrales de los cambios propuestos por el Gobierno
La controversia gira en torno a la reformulación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que el Congreso había sancionado en 2025 para actualizar el nomenclador de prestaciones frente a la inflación y que fue promulgada tras la insistencia parlamentaria frente al veto presidencial. Ante el vencimiento de la ley fijado para diciembre, el texto incorporado en el Presupuesto plantea modificaciones de fondo:
Eliminación de la actualización automática: Se remueve el artículo 7 bis, que garantizaba el ajuste mensual obligatorio de los pagos a prestadores según el índice de inflación.
Fin del nomenclador único: Se abandona el valor universal y se faculta a cada obra social o prepaga a fijar sus propios aranceles.
Cambio de paradigma: Se reemplaza el modelo social de derechos humanos por un criterio centrado en la «invalidez laboral».
Pensiones y empleo: Se quita el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa para acceder a pensiones no contributivas y se establece la incompatibilidad absoluta entre el cobro del beneficio y el trabajo formal.
Resistencias en el Congreso y falta de dictamen
El paquete de reformas impactó de lleno en el plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La medida expuso divisiones dentro del propio bloque oficialista, donde iniciativas impulsadas por diputadas libertarias quedaron desplazadas por la propuesta del Ejecutivo, y generó un inmediato rechazo entre los bloques aliados.
Desde el PRO remarcaron como condición innegociable el mantenimiento de la actualización automática de los aranceles y la cancelación de la deuda acumulada con el sector de prestaciones, que supera los $340.000 millones. Por su parte, bloques provinciales e independientes alertaron sobre la urgencia de aprobar una prórroga para evitar que la norma caduque sin un marco regulatorio de contención.
Ante la falta de consenso para emitir dictamen, el plenario pasó a un cuarto intermedio y fijó una nueva reunión informativa para el próximo 23 de septiembre, instancia en la que los legisladores buscarán acordar un texto unificado antes de que la emergencia pierda vigencia a fin de año.
