El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó el viernes una propuesta de reforma constitucional parcial que permitiría someter a castración química a violadores condenados.
Noboa también busca la posibilidad de que se mantenga un “registro reservado” de los condenados por violación para “evitar su vinculación posterior en actividades que involucren a niños, niñas y adolescentes”, según indica el comunicado difundido por la presidencia de Ecuador.
Una vez enviado este pedido por parte del Ejecutivo, la Corte Constitucional debe emitir un dictamen de admisibilidad. Si es favorable, irá a la Asamblea Nacional para su debate y votación, según indica el comunicado de presidencia.
El documento que describe la propuesta de reforma constitucional, al que CNN ha tenido acceso, señala como una de las justificaciones que Ecuador “atraviesa una crisis estructural de seguridad y derechos humanos que ha expuesto de forma alarmante a niñas, niños y adolescentes a múltiples formas de violencia, entre ellas, la violencia sexual”.
La propuesta de reforma constitucional detalla también que, de acuerdo con la información del Consejo de la Judicatura (SATJE), entre el 10 de agosto de 2014 y el 31 de mayo de 2025 se registraron 71.270 procesos judiciales relacionados con delitos sexuales, de los cuales el 22 % fueron cometidos contra niños, niñas y adolescentes. La petición del ejecutivo no indica explícitamente que la castración química sea solo para casos relacionados con menores, se aplicaría a ” personas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación”.
Latinoamérica
El presidente de Ecuador propone una reforma constitucional para aplicar castración química a violadores
Por Verónica Calderón, CNN en Español
2 min de lectura
12:11 ET (16:11 GMT) 12 de julio de 2025
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La gobernabilidad es el mayor desafío de los últimos presidentes en Ecuador, según Daniel Zovatto
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó el viernes una propuesta de reforma constitucional parcial que permitiría someter a castración química a violadores condenados.
Noboa también busca la posibilidad de que se mantenga un “registro reservado” de los condenados por violación para “evitar su vinculación posterior en actividades que involucren a niños, niñas y adolescentes”, según indica el comunicado difundido por la presidencia de Ecuador.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, el 15 de mayo de 2025.
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Una vez enviado este pedido por parte del Ejecutivo, la Corte Constitucional debe emitir un dictamen de admisibilidad. Si es favorable, irá a la Asamblea Nacional para su debate y votación, según indica el comunicado de presidencia.
El documento que describe la propuesta de reforma constitucional, al que CNN ha tenido acceso, señala como una de las justificaciones que Ecuador “atraviesa una crisis estructural de seguridad y derechos humanos que ha expuesto de forma alarmante a niñas, niños y adolescentes a múltiples formas de violencia, entre ellas, la violencia sexual”.
La propuesta de reforma constitucional detalla también que, de acuerdo con la información del Consejo de la Judicatura (SATJE), entre el 10 de agosto de 2014 y el 31 de mayo de 2025 se registraron 71.270 procesos judiciales relacionados con delitos sexuales, de los cuales el 22 % fueron cometidos contra niños, niñas y adolescentes. La petición del ejecutivo no indica explícitamente que la castración química sea solo para casos relacionados con menores, se aplicaría a ” personas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación”.
La petición enviada por Noboa sostiene que la castración química disminuye las tasas de reincidencia en delitos sexuales. En sus argumentos, el texto también menciona a otros países que han aplicado la castración química dentro de las medidas a condenados por violencia sexual contra menores de edad como Polonia, Rusia, Corea del Sur, Indonesia, Moldavia y Estonia, así como siete estados de EE.UU.: Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas y Wisconsin.
El delito de violación en víctimas menores de catorce años está penado actualmente en Ecuador con entre 19 y 22 años de prisión.
