El Senado avanzó este miércoles con el tratamiento de la nueva Ley de Discapacidad y dejó el proyecto en condiciones de llegar al recinto. La iniciativa obtuvo dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, por lo que el oficialismo apunta a debatirla el próximo 19 de noviembre.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente de financiamiento y prestaciones para las personas con discapacidad.
La reunión conjunta estuvo encabezada por los senadores Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y Alicia Kirchner, del bloque Justicialista. Durante el debate, distintos espacios políticos expusieron sus posiciones sobre el alcance de la iniciativa y los mecanismos previstos para garantizar el funcionamiento del sistema.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado para avanzar con la propuesta y sostuvo que el objetivo es brindar previsibilidad a las personas con discapacidad y sus familias.
También defendió la incorporación de auditorías y controles transparentes para verificar que las prestaciones lleguen a sus destinatarios. En ese sentido, remarcó la necesidad de establecer procedimientos que permitan detectar irregularidades sin afectar los derechos de los beneficiarios.
Desde la oposición, la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, cuestionó que las organizaciones vinculadas con la discapacidad no hayan sido consultadas durante la elaboración del proyecto. Por su parte, Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, criticó la política del Gobierno hacia el sector, aunque anticipó que acompañaría el dictamen para evitar que quede sin efecto la protección legal vigente.
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra la compatibilidad de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad con el empleo formal y con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Además, garantiza la continuidad del programa Incluir Salud, contempla partidas presupuestarias específicas y establece que los recursos destinados al sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
El texto también fija un procedimiento para eventuales suspensiones de beneficios. En esos casos, deberá existir una notificación fehaciente y se otorgará un plazo de 60 días para presentar un descargo antes de que la autoridad competente revise la situación.
Otro de los aspectos centrales es la regularización de las deudas con los prestadores de servicios para personas con discapacidad, mediante un cronograma de pagos previsto para este año.
Con el dictamen aprobado, la iniciativa quedó habilitada para su tratamiento en el recinto. El oficialismo pretende incluirla en la sesión del 19 de noviembre y avanzar con su sanción definitiva antes de finalizar el período ordinario.
