La crisis sanitaria desatada por el fentanilo contaminado ya provocó la muerte de más de 90 personas en distintas provincias argentinas. Este martes, se confirmaron nuevos fallecimientos en Formosa (3), Córdoba (1), Santa Fe (7) y Bahía Blanca (9), lo que intensifica la preocupación por el alcance del caso y la responsabilidad en la cadena de distribución del fármaco.
Las autoridades sanitarias aseguraron que los lotes comprometidos ya fueron retirados y que no circulan más ampollas contaminadas. Sin embargo, la Justicia continúa investigando cómo se produjo la contaminación y si hubo un desvío deliberado hacia el narcotráfico.
Una pericia clave y múltiples imputados
El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, ordenó una pericia fundamental que se realizará en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata. Allí se abrirá una ampolla no contaminada para analizar su composición química y rastrear el recorrido que siguió desde su elaboración hasta su distribución final.
El caso se originó en marzo, tras una inspección del Ministerio de Seguridad en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, donde se encontraron cinco kilos de fentanilo. Cuatro kilos y medio fueron hallados en HLB y medio kilo en Ramallo, mientras que otros cuatro kilos ya habían sido utilizados para fabricar ampollas hospitalarias.
Hasta el momento no hay procesados, pero sí 24 personas imputadas. Los dueños de los laboratorios tienen prohibido salir del país y sostienen que fueron víctimas de un sabotaje, señalando como presunto responsable al exdiputado provincial Andrés Quinteros, a quien acusan de intentar robar ampollas con fines de venta ilegal.
Irregularidades y habilitaciones en la mira
Otra línea investigativa plantea que parte de la producción fue destinada directamente al mercado negro. Por ello, la Fiscalía avanza en la revisión de los últimos cinco años de actuación de la ANMAT y en una denuncia por falsificación de documentos contra HLB Pharma, que habría alterado información para mantener su habilitación.
En ese contexto, también se investiga por qué la empresa continuó operando a pesar de que el municipio de San Isidro rechazó su pedido de habilitación en mayo pasado. Este hecho ya forma parte del expediente judicial.
La situación ha desatado un fuerte reclamo desde organizaciones de salud, mientras el Gobierno nacional y las autoridades judiciales intentan esclarecer lo ocurrido y frenar cualquier nuevo caso.
El escándalo por el fentanilo contaminado no solo expone fallas en los controles sanitarios, sino que también revela presuntas conexiones entre laboratorios, corrupción y redes ilegales de distribución de medicamentos de alto riesgo. La causa sigue abierta y se esperan nuevas definiciones en los próximos días.
