El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa del ex gobernador de Entre Ríos. La sentencia incluye además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, quien fue hallado responsable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en una causa vinculada con el presunto direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de Urribarri. De esta manera, quedó firme la sentencia dictada por la Justicia entrerriana, que también contempla la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Una condena que comenzó en 2022
Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. En ese momento, recibió una pena de ocho años de prisión por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
En el mismo proceso fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. Ambos recibieron penas de seis años de prisión.
La investigación judicial determinó que durante su gestión como gobernador se habrían direccionado contrataciones de publicidad estatal para beneficiar intereses particulares. Según la acusación, Aguilera habría tenido un papel central en las maniobras y habría utilizado un esquema de empresas y testaferros para captar fondos provenientes de la pauta oficial destinada a publicidad en la vía pública.
Qué hechos fueron investigados
La causa reunió cinco hechos principales relacionados con el manejo de fondos y contrataciones de publicidad del Estado entrerriano.
Entre ellos se investigó el otorgamiento de pauta oficial a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva y el control, durante aproximadamente cinco años, del negocio de cartelería oficial mediante las firmas Tep SRL y Next SRL.
También formó parte de la investigación la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”, relacionada con las actividades políticas y de promoción de la figura de Urribarri durante su segundo mandato como gobernador.
A esto se sumaron otros episodios, como la instalación de un parador en Mar del Plata, cuyo costo fue de unos $14 millones de aquella época, y el pago a la productora Nelly Entertainment para realizar y difundir tres spots vinculados formalmente con la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014.
El recorrido judicial del caso
Después de la condena de 2022, la defensa de Urribarri apeló la decisión. Sin embargo, en 2023 el Tribunal de Casación de Entre Ríos confirmó la sentencia.
Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó los recursos presentados por las defensas. Ante esa situación, los abogados del ex gobernador recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El máximo tribunal nacional finalmente rechazó el recurso extraordinario por inadmisible. Con esta decisión, la condena de ocho años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos quedaron firmes.
Urribarri estuvo detenido durante 50 días
El ex gobernador estuvo detenido durante 50 días luego de que, en noviembre de 2024, la Casación provincial ordenara su prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga.
Sin embargo, en enero de 2025, la Sala de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó esa medida y Urribarri recuperó la libertad.
La decisión de la Corte Suprema sobre el recurso extraordinario no modifica los antecedentes de ese período de detención, pero sí deja firme la condena dictada por la Justicia entrerriana.
La trayectoria política de Urribarri
Sergio Urribarri fue gobernador de Entre Ríos durante dos períodos, entre 2007 y 2015. Luego continuó su carrera política como legislador provincial.
En 2020 fue designado embajador argentino en Israel, cargo al que renunció en 2022, después de que se conociera la condena en su contra.
Con el rechazo de la Corte Suprema, el proceso judicial iniciado por las irregularidades denunciadas en el manejo de la publicidad oficial alcanza una instancia decisiva y la condena contra el ex mandatario provincial queda firme.
